¿Tenemos un problema fiscal?

Luis Felipe Lagos M.

Para 2024 se proyecta una deuda bruta del Gobierno central de 41,2% del PIB y un déficit efectivo y estructural (cíclicamente ajustado) de 1,9%. A primera vista, parece una situación razonable. ¿Cuál es el problema? Es la dinámica pasada de la deuda y su proyección futura.

La deuda bruta llegó a un mínimo de 5% del PIB en 2006, después sólo ha crecido. En efecto, en los 10 años siguiente se cuadruplicó (21,1%) y, desde 2014 a 2023 se multiplicó por 2,6 veces (15% a 39,8%). Una trayectoria preocupante, han señalado las agencias clasificadoras. Asimismo, la carga de intereses ha evolucionado desde 0,6% del PIB en 2013 a un 1,2% proyectado para 2024 (CFA).

“No parece factible la presente trayectoria de gasto público, que sería una ‘herencia’ para el próximo gobierno. Surgen dudas sobre la sostenibilidad fiscal y si la deuda pueda ser estabilizada en los niveles actuales”.

Si bien Chile tiene una regla fiscal desde 2001, que en principio permitiría lograr la disciplina fiscal y estabilizar la deuda, la situación ha sido de un déficit continuo, debido a cambios frecuentes en la meta de déficit estructural, y en algunas ocasiones, en la metodología de la regla, con la consecuencia de una trayectoria de deuda creciente.

¿Qué puede explicar esta dinámica? Los distintos gobiernos expandieron el gasto, confiando en que las sucesivas reformas tributarias iban a proveer los recursos. En efecto, el gasto aumentó desde 17,8% del PIB en 2007 a 25,4% en 2023. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria, que solo aumentó 1,5 puntos; y la principal fuente de recursos fiscales -el crecimiento- se redujo a 2% promedio en los últimos 10 años, entre otros factores, justamente por alzas de impuestos que disminuyeron la inversión, la productividad y el crecimiento.

Una deuda de 41%, inferior al umbral considerado como prudente de 45%, no es alta per se. El problema es si se podrá estabilizar en ese nivel. Si suponemos que la economía crece al 2% (crecimiento tendencial) y la tasa de interés real es del 2%, se requeriría un resultado primario (antes de interés) en equilibrio y un déficit total de 0,8% del PIB, considerando el pago de los intereses, para estabilizar la deuda a PIB.

El ministro de Hacienda ha señalado que sólo se aumentarán los gastos permanentes si hay también mayores ingresos permanentes, que nuevamente se quieren lograr con una reforma tributaria. Visualizamos que hay fuertes presiones de gasto en pensiones, salud, educación, las cuales se acentuarán en el período de elecciones que enfrentamos.

Si bien el Fisco colaboró en el proceso de ajuste, implementando una reducción de gasto de 23% en 2022, de acuerdo al presupuesto aprobado en el gobierno anterior; ¿cómo conciliamos estos dichos con los del pasado, cuando el ministro señaló que venía a hacer posible un programa de gobierno, que no consideraba relevante el crecimiento? ¿O sus palabras en cuanto a que el primer proyecto constitucional no amenazaba la economía, cuando la mayoría consideraba que no sólo era una traba al progreso, sino que debilitaba considerablemente la democracia?

El ejercicio de proyección de mediano plazo (¡sólo cuatro años!) también es engañoso. Computa holguras fiscales suponiendo que el gasto comprometido a partir de 2025 prácticamente no crece (0,4% promedio anual), siendo que en 2024 el crecimiento real proyectado es 5,6% y el promedio de los últimos 11 años es de 4,5% (excluyendo la pandemia).

No parece factible esa trayectoria de gasto, que, dicho sea de paso, sería una “herencia” para el próximo gobierno. Surgen dudas respecto de la sostenibilidad fiscal y que la deuda pueda ser estabilizada en los niveles actuales.